Uno de los ejes de la fase neoliberal del desarrollo del capitalismo, consistió en no emplear el gasto público de manera general -como era el caso de los subsidios- sino en localizar a quienes harían buen uso de esos recursos: focalizar fue el término elegido para distinguir al subconjunto que recibiría apoyo. Conformaban el padrón de “beneficiarios” de un bien que distribuía la autoridad. Eran, en la jerga al uso de quienes impulsaron este tipo de políticas públicas, la población objetivo. Este proceder no derivaba sólo de la restricción de los fondos por las crisis, sino de una ideología.
El Banco Mundial con nitidez, lo dijo: “Basta de subsidios injustificados para reducir la pobreza. Lo que se requiere es atender a los “pobres meritorios”. Era necesario, entonces, probar que además de estar en una condición sustantiva de pobreza, se contaba con las características que implicaba el adjetivo. Sí: hay de pobres a pobres.
Esta manera de concebir el ejercicio del gasto social no solo se impuso en los programas de combate a la pobreza, sino que formó parte del modo en que se retribuía el trabajo en algunos espacios laborales a cargo del gobierno. En lugar de aumentos salariales colectivos, como antaño, el camino era distribuir estímulos monetarios, adicionales al sueldo, a quienes lo merecieran. Es decir, no todos son iguales.
En la educación pública, dicha estrategia se ha llevado a cabo, con distintas modalidades, desde 1992 hasta la fecha: 33 años.
A mi juicio, es esto lo que subyace de fondo a la discusión en torno a la Unidad del Sistema de Carrera de Maestras y Maestros, la famosa USICAMM, que la presidenta se comprometió a suprimir en su campaña.
