A modo de contexto, en octubre de 2023, durante el juego fuera del horario escolar, un alumno sufrió un golpe accidental. Siguiendo el protocolo escolar, el maestro Canchola trasladó al menor a un hospital de la comunidad, donde fue dado de alta. No obstante, días después, el menor cayó en coma y posteriormente falleció. El doloroso desenlace derivó en un proceso penal impulsado por los padres del menor, en el que el único señalado ha sido el docente, sin que hasta ahora se haya hecho pública la existencia de apoyo legal por parte de la Secretaría de Educación Pública (SEP) ni del sindicato magisterial.
Este caso no es aislado. Basta con observar las redes sociales para encontrar múltiples registros de agresiones físicas y verbales contra docentes, tanto por parte de alumnos como de padres de familia. Muchos de estos incidentes terminan en el olvido mediático o, en el mejor de los casos, como meras anécdotas. No prosperan denuncias, no se abren carpetas de investigación, ni se activa algún protocolo institucional. A los ojos de la sociedad, el maestro sigue siendo el único responsable de lo que ocurre en el entorno escolar, aunque cumpla con su deber cabalmente.
