Por Guillermo Rivera Millán junio 20, 2025
A finales de 2024, mientras miles de trabajadores y pensionados exigían justicia para el Issstecali, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda firmaba un compromiso público con Guillermo Aldrete, secretario general de la burocracia estatal: no se condonaría un solo peso a los entes públicos deudores. Sin embargo, esta escena era meramente un acto de política simbólica, ya que la estrategia ya estaba en marcha.
En marzo de 2022 y mayo de 2024, la gobernadora firmó decretos que otorgaban a la Junta Directiva del Instituto la facultad de condonar hasta el 99.99 por ciento de los adeudos de municipios y organismos públicos. Pero en lugar de ejecutar estas condonaciones, el Ejecutivo optó por no asumir la responsabilidad solidaria con los patrones insolventes ni por rescatarlos financieramente. Esta estrategia, similar a la del exgobernador Bonilla, permitió que la condonación se aprobara sin que se concretara su ejecución, dejando a los deudores sin una solución real para sus problemas financieros.
Es importante recordar que quienes en 2020 impugnaron al exgobernador Bonilla por intentar una condonación similar ahora callan o justifican la falta de acción de la actual administración. La gobernadora había criticado las condonaciones de Bonilla, pero su propio gobierno ha emitido decretos que facilitan un proceso equivalente.
Esta contradicción plantea un dilema político, ya que la falta de implementación de dichas condonaciones podría deberse a la incapacidad de los deudores para pagar o a cuestionamientos legales sobre la competencia del Ejecutivo para condonar deudas de un ente autónomo como el Issstecali. Desde el inicio de su mandato, la gobernadora no mostró interés en rescatar financieramente a los patrones deudores ni en ayudarles a saldar sus deudas. En cambio, evidenció su intención de replicar las acciones de Bonilla, dejando claro que la asistencia solidaria no estaba en sus planes.
