A modo de contexto, en octubre de 2023, durante el juego fuera del horario escolar, un alumno sufrió un golpe accidental. Siguiendo el protocolo escolar, el maestro Canchola trasladó al menor a un hospital de la comunidad, donde fue dado de alta. No obstante, días después, el menor cayó en coma y posteriormente falleció. El doloroso desenlace derivó en un proceso penal impulsado por los padres del menor, en el que el único señalado ha sido el docente, sin que hasta ahora se haya hecho pública la existencia de apoyo legal por parte de la Secretaría de Educación Pública (SEP) ni del sindicato magisterial.
Este caso no es aislado. Basta con observar las redes sociales para encontrar múltiples registros de agresiones físicas y verbales contra docentes, tanto por parte de alumnos como de padres de familia. Muchos de estos incidentes terminan en el olvido mediático o, en el mejor de los casos, como meras anécdotas. No prosperan denuncias, no se abren carpetas de investigación, ni se activa algún protocolo institucional. A los ojos de la sociedad, el maestro sigue siendo el único responsable de lo que ocurre en el entorno escolar, aunque cumpla con su deber cabalmente.
Como docente con casi tres décadas de servicio, puedo afirmar que nuestra labor se ha diversificado de manera exponencial. Ya no solo enseñamos; hoy contenemos emocionalmente, intervenimos en casos de violencia escolar, observamos signos médicos, actuamos como defensores de la diversidad y, en tiempos de pandemia, incluso ejercimos funciones que rebasaban nuestras atribuciones. Para todos estos casos existen protocolos, sí, pero orientados mayoritariamente a salvaguardar a los estudiantes. ¿Y los docentes? ¿Dónde está el manual que los protege cuando son agredidos, acusados injustamente o expuestos a entornos hostiles?
Un punto crítico es la fragilidad institucional. Ni la SEP ni el SNTE han estado a la altura de las circunstancias. Lejos de ser un respaldo real, los sindicatos siguen siendo vistos como entes “charros”, más preocupados por el control político que por la defensa genuina de sus agremiados. La omisión es doblemente grave cuando se sabe que detrás de cada maestro hay una trayectoria profesional, una familia, una vocación profundamente arraigada.
La relación con las familias también ha cambiado. Muchos padres, por la urgencia económica que los obliga a delegar gran parte de la formación de sus hijos a la escuela, terminan responsabilizando al docente por cualquier falla en el comportamiento o en el rendimiento académico de los alumnos. Se olvida con frecuencia que la primera escuela es el hogar. Los valores, el respeto, la empatía y la responsabilidad no se aprenden únicamente en las aulas, sino principalmente en la convivencia familiar.
Por tanto, es momento de hacer un alto. La figura del maestro no puede seguir siendo el blanco fácil de frustraciones sociales o de vacíos normativos. El Estado mexicano debe asumir su responsabilidad: establecer protocolos que no solo protejan al alumnado, sino también al personal docente; asegurar acompañamiento jurídico inmediato y profesional cuando se enfrenten acusaciones o agresiones; y fomentar una cultura institucional de respeto a la labor magisterial.
A modo de conclusión, urge un sistema equilibrado, donde cada parte —padres, estudiantes, docentes y autoridades— asuma sus deberes y límites. Los maestros somos el motor del sistema educativo nacional. Si no protegemos a quienes forman a las generaciones futuras, ¿quién garantizará el porvenir de nuestra sociedad?
https://www.mipuntodevista.com.mx/quien-protege-finalmente-a-los-maestros-justicia-verdadera-para-canchola/
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