Educar bajo amenaza. Nepotismo, negligencia e impunidad: el caso Esteban Canchola y la criminalización del magisterio
Nancy Cázares
El maestro de primaria con más de una década de trayectoria en diversas escuelas de Mexicali, Baja California, Esteban Canchola, fue declarado culpable del delito de “omisión de auxilio” tras la muerte de un estudiante que sufrió un accidente dentro del plantel y falleció horas más tarde, luego de ser dado de alta en una clínica privada. A pesar de que el accidente ocurrió fuera del horario escolar, el profesor Canchola podría ser sentenciado a tres años de prisión este 3 de julio.
Tal y como ha trascendido, el profesor Esteban siguió el protocolo establecido por las propias autoridades educativas bajo la Nueva Escuela Mexicana, a pesar de que dicho procedimiento no salvaguarda los derechos del magisterio ni garantiza la atención oportuna para las y los estudiantes. Según estos lineamientos, corresponde notificar al personal directivo y a los familiares, quienes en este caso, hicieron uso del seguro escolar y trasladaron al menor a la Clínica de Especialidades Internacional.
El caso ha generado profunda indignación nacional entre docentes, madres, padres y estudiantes, al evidenciar una vez más el abandono institucional que pesa sobre el sistema educativo mexicano. Mientras tanto, el verdadero responsable, dueño de la clínica que atendió mal al menor, manipula expedientes y sigue impune bajo el amparo del poder político y judicial en Baja California.
Además de su labor como docente, Esteban Canchola es reconocido por su compromiso como coach de fútbol americano, lo que le ha ganado el cariño y respaldo de su comunidad. Sin embargo, hoy enfrenta una criminalización injusta por parte del Estado, cuando en realidad actuó conforme a los protocolos establecidos por las propias autoridades educativas.
El señalamiento por "omisión de auxilio" deja de lado un hecho clave: las escuelas no cuentan con profesionales de la salud, como médicos, enfermeras o paramédicos, cuya figura ha sido eliminada por decisiones administrativas. Tampoco hay psicólogas, orientadoras, asistentes educativos ni personal suficiente para atender, de forma integral, las realidades de las infancias y juventudes que asisten a las aulas.
La Secretaría de Educación Pública no ha asumido responsabilidad alguna por la falta de condiciones mínimas para atender emergencias en los planteles. Se escudan en la excusa de siempre: "no hay presupuesto". Pero lo que sí hay es una disposición a culpar al eslabón más débil —en este caso, un maestro— y fomentar la confrontación entre familias y docentes, en lugar de garantizar entornos seguros y dignos para los procesos de enseñanza y aprendizaje de las infancias y adolescencias.
La situación de Esteban no es un caso aislado, sino el reflejo de una crisis más profunda. Las y los docentes en México no están capacitados ni deben encargarse de atender situaciones de riesgo o salud. Existen protocolos punitivos y que no dan respaldo jurídico ni institucional a las y los docentes, para protegerlos ante este tipo de tragedias. Además, se enfrentan al crecimiento del bullying hacia estudiantes y docentes, así como otras problemáticas derivadas de la violencia estructural que atraviesa al país, sin ningún tipo de apoyo profesional del Estado. ¿Dónde quedó la revalorización del magisterio?
Este caso también nos obliga a mirar más allá del sistema público. ¿Qué ocurre con quienes, como muchas y muchos docentes en escuelas privadas, enfrentan emergencias sin ningún tipo de respaldo institucional? Sin un sindicato que nos defienda, sin seguridad social, sin protocolos claros ni capacitación, trabajamos en condiciones aún más precarias. Si un hecho así ocurriera en nuestros espacios laborales, ¿quién nos protegería? ¿Quién respondería? La respuesta es dolorosa: nadie. Esta tragedia nos golpea a todas y todos los que sostenemos la educación día a día, en todos los niveles y modalidades. Porque enseñar en México, con o sin plaza sindical, es cada vez más un acto de resistencia solitaria frente a un Estado que evade sus responsabilidades.
Esteban Canchola siguió el protocolo dictado por la Secretaría de Educación: notificó a la familia, quienes acudieron a la Clínica de Especialidades Internacional de Mexicali, donde Damián fue atendido. Lo que siguió fue una cadena de omisiones médicas, falsificaciones de documentos y encubrimiento político.
La clínica donde fue atendido Damián pertenece a David Cervantes Torres, padre de David Ramsés Cervantes Aguilar, actual Oficial Mayor del Gobierno del Estado y funcionario cercano a la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda. De acuerdo con una investigación de Los Ángeles Press e Infosavia, el médico David Cervantes modificó el expediente clínico entregado a la Fiscalía General del Estado (FGE), omitiendo signos de gravedad como el “vómito en proyectil”, síntoma que debió haber derivado en una tomografía inmediata.
Además, se elaboraron dos versiones distintas del expediente médico: una para la FGE y otra para el despacho de la gobernadora. En la hoja entregada a la FGE se lee “se niega vómito en proyectil”; mientras que en la copia revisada en palacio de gobierno, se eliminó la frase “se niega”. La diferencia no es menor: un diagnóstico adecuado hubiera salvado la vida del niño. Pero se minimizó el cuadro clínico.
Los estudios realizados después en el IMSS y el Hospital Hispanoamericano confirmaron que Damián sufrió un hematoma epidural, edema cerebral y muerte encefálica como consecuencia de la falta de atención oportuna. En resumen: una tomografía a tiempo le hubiera salvado la vida.
A pesar de que el padre del menor interpuso una denuncia penal el 1 de noviembre de 2023, la FGE no ha judicializado el expediente médico de la clínica, ni ha llamado a declarar al dueño de la misma ni al médico tratante. Incluso, el abogado defensor del médico renunció al caso. Por su parte, la Comisión de Arbitraje Médico del Estado se negó a dictaminar negligencia médica porque la clínica entregó un expediente incompleto
A todo esto se suma el clan político y familiar que rodea el caso: dos hermanas del ex secretario de Bienestar y actual aspirante a la alcaldía de Mexicali, Netzahualcóyotl Jáuregui Santillán, tienen altos cargos en la Secretaría de Educación Pública estatal. Dulce María Jáuregui Santillán es subsecretaria de Educación Básica, y Ana Beatriz Jáuregui dirige el área de Participación Especial y Convivencia Escolar. A pesar de estar directamente involucradas en la supervisión del plantel y de la respuesta institucional al caso, ninguna ha sido removida de su cargo.
Así, mientras el aparato del Estado protege a los suyos y encubre la negligencia, carga sobre los hombros del maestro Esteban toda la responsabilidad de una cadena de omisiones que no le corresponden. El mensaje es claro: el Estado abandona, reprime y criminaliza a quienes educan.
Este caso pone de relieve una situación nacional: las escuelas no cuentan con médicos, paramédicos, psicólogos ni protocolos claros para atender emergencias. La vida de estudiantes y docentes está constantemente expuesta, sin respaldo estatal real.
¿Por qué no se exige justicia al servicio médico privado que atendió mal a Damián?
¿Por qué se encubre a la familia del funcionario en lugar de investigar?
¿Por qué la SEP y la gobernadora no asumen su responsabilidad institucional?
Hoy, la justicia se usa para castigar al maestro y proteger a los poderosos.
Educar no debe costarnos la libertad. Justicia para Esteban Canchola. Justicia para Damián. Justicia para nuestras infancias.
El próximo jueves 3 de julio a las 4:00 PM, familiares, colegas y personas solidarias se darán cita en las afueras de la Fiscalía General del Estado de Baja California para exigir justicia por Esteban Canchola. Convocan a asistir con pancartas, voz y fuerza: “Porque la justicia también se defiende en las calles”. El magisterio, las familias y la sociedad en su conjunto levantarán la voz contra la criminalización de quienes enseñan con compromiso y dignidad.
Esta causa no puede quedarse en Baja California. Debe abrazarla el magisterio de todo el país. La lucha reciente de las y los docentes de la CNTE contra el lucro de las afores y el capital financiero que impulsó un paro indefinido por 23 dias —con plantones en la CDMX y movilizaciones en todo el territorio— mostró la fuerza y unidad de un gremio que no se resigna a enseñar en condiciones de abandono y miseria. Defender a Esteban es también defender la dignidad de la docencia, porque además de enfrentar la falta de recursos y los bajos salarios, debemos lidiar con procesos legales plagados de irregularidades, donde no se consideran testimonios ni evidencias.
Este 3 de julio, la CNTE convoca a un paro en la Ciudad de México para exigir la resolución de las demandas del magisterio. ¡Aprovechemos para alzar la voz por la inmediata libertad del maestro Esteban! ¡Si tocan a uno, nos tocan a todos!
Es urgente convocar a asambleas democráticas en cada escuela y zona escolar, para exigir a los charros del SNTE que pongan todos los recursos legales del sindicato para la defensa de las y los maestros; si se niegan, hay que aprovechar dichas asambleas para desconocer a los charros y votar delegados y representantes democráticos.
Ante los protocolos punitivos de la SEP y autoridades educativas, es necesario impulsar Comisiones independientes de higiene y seguridad en las escuelas, integradas por docentes, madres y padres de familia. El dinero que se gastan en militarización y el pago de la deuda externa, es el presupuesto que falta en las escuelas públicas para evitar tragedias, exigimos un aumento presupuestal de emergencia para que sea utilizado en todas las escuelas públicas, personal médico y de salud.
Es urgente luchar unitariamente por condiciones dignas para ejercer la labor docente. Esta exigencia debe incorporarse como una demanda central del magisterio democrático de la CNTE. La atención médica escolar por parte de personal especializado es una necesidad de primer orden: está en juego la vida de las infancias y la libertad de las y los docentes.
La justicia para Esteban es también justicia para quienes todos los días sostienen las aulas sin garantías, sin protección, sin apoyo. Porque #TodosSomosEsteban.
Esteban no está solo. ¡La justicia se gana en las calles y en la unidad de quienes enseñamos!
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